El 27 de diciembre es la fecha límite para que los Estados Miembros adopten la conocida como “Directiva de daños”, del 2014. Esta normativa europea pretende garantizar que cualquier persona o compañía pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios a quienes hayan cometido una infracción contra la libre competencia y, por ejemplo, hayan constituido un cártel de empresas para acordar de forma secreta un aumento de precios o un reparto del mercado para expulsar a competidores. El Gobierno del PP ya elaboró a finales del 2015 un primer borrador, apenas difundido entre los despachos especializados, cuya tramitación quedó en suspenso por las elecciones generales. Ahora las fechas apremian y aunque difícilmente se llegará a tiempo, será preciso desempolvar ese texto. Además, hay aspectos de la directiva que pueden ser de aplicación directa ya desde diciembre, según los expertos.